La Audiencia Nacional ha iniciado un juicio oral contra 15 personas, entre exdirectivos del BBVA y mandos policiales, por la supuesta contratación de espionaje a empresarios, políticos y periodistas durante más de una década. Entre los acusados está el expresidente del banco, Francisco González, y el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, implicados en un entramado que operó entre 2004 y 2016.

El magistrado encargado del caso ha enviado al banco como persona jurídica y a varios de sus altos cargos por presuntos delitos relacionados con el descubrimiento y revelación de secretos, además de un delito continuado de cohecho activo. La acusación pública reclama penas especialmente severas, incluyendo la solicitud de más de cien años de prisión para González y la máxima pena para otros implicados como el exjefe de Seguridad.

Francisco González presidió el BBVA durante casi dos décadas, impulsando su expansión en América Latina, y estuvo al frente cuando se habrían autorizado los contratos con Villarejo para tareas de inteligencia y espionaje. Villarejo, por su parte, es una figura central en múltiples investigaciones, siendo conocido por su detención en 2017 y sus condenas recientes en causas relacionadas con el robo de datos personales y revelación de secretos a figuras políticas.

El juicio también afecta a otros directivos del banco, como el exdirector global de Regulación y Control Interno, el responsable de Servicios Jurídicos Contenciosos y el antiguo jefe jurídico. La Fiscalía atribuye a estos funcionarios roles clave en la contratación y supervisión de las actividades del excomisario, que prestaba servicios a través de su empresa privada, a la vez que mantenía su cargo policial, lo que generó un conflicto de intereses.

Entre los señalados, destaca también Ángel Cano, que fue consejero delegado del BBVA durante varios años, cuya implicación se vincula con la supervisión de los encargos relacionados con el espionaje. En total, el procedimiento judicial aborda un amplio entramado de supuestas irregularidades que comprometen tanto a individuos como a la institución financiera.