La regularización de inmigrantes en España alcanzó un volumen que superó ampliamente las estimaciones iniciales del gobierno. En Cataluña, más de 257 mil solicitudes se presentaron durante la primera etapa, casi el doble del rango previsto entre 120 mil y 150 mil personas. A nivel nacional, las peticiones llegaron a casi 1,2 millones, cuando se esperaba aproximadamente medio millón.
De estos trámites, alrededor de 610 mil ya fueron admitidos y sus titulares pueden comenzar a trabajar legalmente. Del total, 159 mil personas consiguieron afiliarse a la Seguridad Social, y la gran mayoría obtuvo contratos indefinidos. Estas cifras respaldan la medida adoptada por el gobierno pero plantean interrogantes sobre su sostenibilidad y el futuro laboral de quienes fueron regularizados.
Ante este panorama, el Ejecutivo lanzó un Plan de Integración que busca evitar que los beneficiarios pierdan sus empleos ni caigan nuevamente en la irregularidad una vez que expire el permiso de trabajo de 12 meses. La secretaria de Estado de Migraciones defendió las previsiones en una rueda de prensa, explicando que la naturaleza oculta de la población irregular dificulta hacer estimaciones precisas sobre el número real de solicitantes.
Las empresas han manifestado la importancia que tiene la inmigración para la economía española. El presidente de la patronal Foment del Treball destacó que los empresarios necesitan mano de obra extranjera para sus actividades cotidianas, mientras que la CEOE también respaldó la iniciativa. Expertos económicos aseguran que la llegada y regularización de inmigrantes ha aportado alrededor de 1,7 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en los últimos años.
Además, se registra un efecto favorable para los trabajadores nativos, quienes tienden a acceder a empleos más cualificados o complejos debido a la complementariedad en el mercado laboral. Sin embargo, el gobernador del Banco de España señaló la necesidad de ajustar los servicios públicos ante el incremento poblacional vinculado a la inmigración.