El sector empresarial español impulsa la creación de un sistema que permita recoger el 90% de los 17.000 millones de envases de bebidas de un solo uso que se comercializan cada año en el país. Esta iniciativa apunta al año 2029, fecha límite establecida por la Unión Europea para implementar un modelo que garantice la recogida separada y eficiente de estos residuos.

Actualmente, España enfrenta el desafío de adaptar su infraestructura y procesos a esta meta. El sistema debe incluir alrededor de 500.000 puntos de venta que permitan a los consumidores devolver los envases de manera universal y sencilla. Para ello, la Asociación Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), conformada por más de 50 empresas y apoyada por importantes patronales del sector alimentario y de distribución, trabaja en el diseño y puesta en marcha de este modelo.

Esta necesidad cobra sentido a partir de la inminente entrada en vigor, el próximo agosto, del reglamento europeo que obliga a los Estados miembros a garantizar la recogida separada de al menos el 90% de envases de bebidas de un solo uso para 2029. Aunque la legislación española actual, bajo el decreto de envases y residuos de envases, prevé un sistema operativo desde noviembre de 2026, el incumplimiento del objetivo intermedio de recogida selectiva en 2023, con un 41% frente al 70% establecido, dificulta su implementación inmediata.

El retraso en la autorización y el marco jurídico, especialmente señalado en la Comunidad de Madrid, ha generado incertidumbre entre las entidades operadoras y las empresas que invertirían en el sistema. Hasta que no se clarifique este entorno legal, no será posible avanzar en la instalación del sistema, lo que a su vez dificulta la inversión y la planificación de un modelo que debe ser universal para garantizar la devolución en cualquier establecimiento.

La magnitud del desafío radica también en el volumen de envases que se comercializan: 17.000 millones anuales de plástico y latas deben ser gestionados de manera eficiente para cumplir con los objetivos europeos. Construir un sistema operativo y efectivo requiere tiempo, coordinación institucional y compromiso firme del sector público y privado.