El apoyo del Partido Popular a la llamada ‘ley de nietos’, que otorga la nacionalidad española a descendientes de exiliados, ha vuelto a la escena política como un tema de debate y reproches entre el Gobierno y la oposición. Aunque el PP respaldó esta normativa durante su aprobación en 2022, ahora cuestiona ciertos cambios que aseguran se introdujeron posteriormente por parte del Ejecutivo.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que la ley formaba parte del programa electoral del partido y acusó al Gobierno de reinterpretar la norma pocos días después de su ratificación mediante una instrucción administrativa. Según esta interpretación, se habría ampliado la posibilidad de nacionalización a personas que no encajaban en la definición original de hijos de exiliados, generando una controversia sobre el alcance real de la ley.
En respuesta, varios ministros recordaron el compromiso inicial del PP con la norma. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, señaló que la opinión actual sobre la legislación es la misma que tenía Alberto Núñez Feijóo cuando la apoyó hace cuatro años. Otro ministro, Pablo Bustinduy, destacó que la ‘ley de nietos’ incluso figuraba en el programa electoral del PP. Además, Óscar Puente recordó que la propuesta del PP era prácticamente idéntica a la ley aprobada, cuestionando la posición actual de ese partido y calificándola de basada en “temores y dudas”.
En el marco de esta polémica, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió la presencia inmediata de observadores electorales y anunció que recurrirá a organismos europeos y tribunales internacionales para denunciar lo que considera una “manipulación electoral”. Por otro lado, sobre la propuesta de Vox de eliminar el voto de millones de españoles residentes en el extranjero, Félix Bolaños advirtió que se trata de una postura peligrosa para la democracia española.
Esta disputa pone en evidencia las tensiones políticas alrededor del derecho a la nacionalidad y la memoria histórica, con el PP manteniendo una línea de crítica hacia la interpretación que el Gobierno ha dado a la normativa tras su aprobación, mientras que el Ejecutivo defiende la legalidad y coherencia de su actuación.