El Gobierno ha comenzado el proceso formal para diseñar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 al convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde participan las comunidades autónomas y la administración central. Esta reunión tiene como finalidad establecer la senda de estabilidad presupuestaria, que define los niveles máximos de déficit que podrán asumir el Estado, las autonomías, ayuntamientos y la Seguridad Social en los próximos ejercicios.

En el marco de esta negociación, el Gobierno prevé aprobar el techo de gasto y los objetivos de déficit en el próximo Consejo de Ministros, antes de que estos parámetros sean debatidos y aprobados en el Congreso de los Diputados. El techo de gasto es esencial para limitar el máximo del gasto no financiero que podrá comprometer la Administración Pública durante el año siguiente, condicionando las políticas sociales, inversiones, defensa y empleo.

El calendario legislativo se despliega en un contexto económico marcado por un crecimiento moderado de la economía española. Las nuevas previsiones oficiales estiman una expansión del Producto Interno Bruto del país de aproximadamente 2,6% para 2026 y 2,2% para 2027, situando a España entre las economías con mayor crecimiento dentro de la eurozona, aunque con una desaceleración respecto al impulso tras la pandemia.

Este escenario macroeconómico permite al Estado mejorar la recaudación tributaria y avanzar en la reducción del déficit sin necesidad de aplicar fuertes ajustes en el gasto público.

Además, la elaboración de los Presupuestos de 2027 se encuentra condicionada por la reincorporación de las reglas fiscales de la Unión Europea, tras el paréntesis impuesto por la crisis sanitaria. Estas normas obligan a España a mantener una trayectoria de descenso progresivo en su déficit público y a limitar el crecimiento del gasto para cumplir con los compromisos asumidos ante Bruselas.

La senda de estabilidad presupuestaria acordada en el CPFF servirá como base legal y política para la elaboración de las futuras cuentas públicas, definiendo así el margen de maniobra del Ejecutivo para financiar las diferentes áreas de gasto sin comprometer la sostenibilidad fiscal.