La confianza de la ciudadanía en las instituciones españolas se ha visto profundamente erosionada en las últimas décadas, en parte por la forma en que los medios cubren los casos de corrupción. Entre 2000 y 2020, se registraron miles de episodios corruptos en el país, lo cual pone una presión constante sobre la prensa para informar con rigor, neutralidad y transparencia.

Los medios no solo transmiten información, sino que moldean la interpretación social de los hechos, seleccionando qué casos exponer y cómo presentarlos. Este fenómeno, conocido como framing o encuadre, convierte a la prensa en actores relevantes dentro del debate político y público. La baja confianza institucional —con apenas un tercio de los ciudadanos confiando en órganos como el Gobierno y el Parlamento— refleja una interacción compleja entre casos reales de corrupción y una cobertura mediática que muchas veces carece de independencia.

Una cobertura mediática sesgada y manipulada tiene consecuencias graves, al normalizar la corrupción, fomentar polarizaciones políticas y aplicar silencios selectivos que benefician a ciertos sectores o actores. La presentación de la corrupción como algo inevitable desalienta la exigencia ciudadana de responsabilidades, mientras que la utilización partidista de los escándalos impide una evaluación objetiva.

Por otro lado, investigaciones periodísticas bien documentadas han demostrado su capacidad para generar mecanismos efectivos de rendición de cuentas, promoviendo dimisiones, procesos judiciales y cambios legislativos tanto en España como en Europa.

La publicidad institucional juega un papel clave en esta dinámica. Suele ser una fuente económica importante para muchos medios, lo que puede condicionar indirectamente sus líneas editoriales. Esta influencia no se ejerce mediante censura abierta, sino a través de la llamada captura mediática, un método más sutil que presiona a los medios para evitar ciertas publicaciones o favorecer determinados intereses a cambio de mantener la financiación.

Este doble rol que desempeñan los medios —como garantes públicos y vectores de manipulación— subraya la necesidad de promover un periodismo independiente y transparente para fortalecer la confianza social en las instituciones. La efectividad de la publicidad institucional debería evaluarse también considerando su impacto en la libertad informativa, evitando que se convierta en un instrumento de control indirecto.