La aporofobia se define como el rechazo, miedo o desprecio hacia las personas en situación de pobreza, especialmente quienes están en exclusión social o carecen de vivienda. Lejos de ser una simple actitud individual, se trata de una forma de discriminación estructural que condiciona la percepción social sobre la pobreza, confundiendo esta realidad con falta de esfuerzo o voluntad y desconociendo las causas profundas vinculadas a la vivienda, educación, salud y oportunidades laborales.
Este término fue acuñado en los años 90 por la filósofa española Adela Cortina para nombrar un fenómeno social similar al racismo o la xenofobia. En 2017, la Real Academia Española incorporó oficialmente la palabra al diccionario, lo que marcó un paso importante para visibilizar esta forma de odio hacia los sectores más vulnerables.
La aporofobia puede manifestarse de múltiples maneras. Entre las más comunes están los insultos, burlas, humillaciones y el trato degradante, así como la invisibilización de estas personas. También se observa en la discriminación para acceder a servicios públicos o prestaciones básicas y en discursos que criminalizan la pobreza. Las agresiones físicas y los delitos de odio son especialmente graves para quienes viven en situación de sinhogarismo, uno de los grupos más expuestos a esta violencia.
Estudios de entidades especializadas indican que casi la mitad de las personas sin hogar han sufrido al menos un incidente de violencia o discriminación por esta causa, y una mayoría significativa ha sido víctima en varias ocasiones. Estos ataques pueden incluir desde amenazas y agresiones físicas hasta, en casos extremos, daños irreparables. Esta realidad refleja cómo la aporofobia se traduce en un rechazo social visible y palpable que afecta directamente los derechos y dignidad de quienes están en pobreza extrema.
Es importante destacar que la pobreza y el sinhogarismo son resultados de múltiples factores sociales, económicos y personales, y no elecciones individuales. Naciones Unidas considera que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental, por lo que la exclusión residencial representa una grave violación de estos derechos básicos.