El tribunal condenó al hermano del presidente del Gobierno a una pena de nueve años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, tras demostrar su implicación en un fraude provocado por la contratación irregular a un familiar, según la resolución de los magistrados María Dolores Fernández, Emilio Serrano y José Antonio Patrocinio.
Esta condena se enmarca dentro de un proceso en el que también resultaron implicados otros funcionarios, como el ex presidente de la Diputación, Miguel Gallardo, y Luis María Carrero, este último calificado como colaborador en el fraude. Ambos recibieron sanciones en la misma sentencia, que continúa su curso con posibilidad de recurso conforme a la ley.
Un aspecto que ha generado controversia es la sorprendente pasividad de la Fiscalía durante el juicio. Esta inhibición impidió que se reclamara la devolución de los fondos cobrados por quienes ocuparon puestos ficticios creados para ocultar el fraude, al existir únicamente dos entidades autorizadas para solicitar dicha restitución: la propia Diputación de Badajoz, afectada económicamente, y la Fiscalía, que decidió no actuar en este sentido.
Esta falta de acción abrió la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas interviniese, aunque las probabilidades de que tomase cartas en el asunto son bajas. Asimismo, la juez instructora, Beatriz Biedma, enfrentó importantes presiones y ataques personales, que llegaron incluso hasta el entorno familiar, mientras que órdenes internas dentro de la Guardia Civil sugirieron a la Unidad Central Operativa evitar involucrarse activamente en la investigación.
Ante este panorama, la sentencia aparece como una resolución relativamente leve para los implicados. Los expertos legales destacan que, pese a las dificultades del proceso y la aparente falta de contundencia por parte de las autoridades fiscales y policiales, la condena aplicada representa una respuesta judicial que podría interpretarse como un mínimo frente a un fraude mayor.