El Ayuntamiento de Ciudad Real afronta una disputa con la Junta de Comunidades por la gestión y financiación del Plan Corresponsables, un programa destinado a facilitar la conciliación familiar. Ante la reducción de casi la mitad de la financiación regional y la demora en las resoluciones administrativas, el consistorio lanzó un programa municipal para garantizar la continuidad del servicio durante la primera mitad del año, con una inversión íntegramente financiada por el propio ayuntamiento.
La concejal de Igualdad, María José Escobedo, ha calificado la situación como una grave falta de sensibilidad y apoyo institucional de la Junta hacia las familias de la ciudad. Además, ha denunciado que la administración regional ha requerido la devolución de más de seiscientos mil euros correspondientes a ejercicios anteriores, alegando cambios en criterios burocráticos sobre la contratación, a pesar de que dichos servicios ya fueron prestados y aprobados por la propia Junta en evaluaciones previas.
Escobedo explicó que esta reclamación representa una «intolerable situación» que vulnera la seguridad jurídica y supone una persecución basada en interpretaciones formales, sin afectar al uso real de los fondos, que siempre fueron destinados correctamente. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento ha decidido interponer recursos legales para defender tanto los recursos financieros como el empleo generado por estos programas y el derecho de las familias a acceder a servicios de conciliación sin interrupciones.
El Plan Corresponsables es una iniciativa regional diseñada para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, mediante ayudas destinadas a municipios para ofrecer servicios complementarios. Sin embargo, la insuficiente financiación y la dificultad burocrática exhibida por la Junta han obligado a la autoridad local a tomar medidas propias para sostener la asistencia.
La concejal enfatizó la necesidad de que la Junta de Comunidades garantice una financiación adecuada, estable y ágil, eliminando trabas administrativas que dificultan la correcta ejecución del Plan. Insiste en que, para proteger a las familias, es fundamental un compromiso real y efectivo por parte del gobierno regional, que hasta ahora ha mostrado una «alarma» en la atención y apoyo hacia los ciudadanos.