Tras más de dos años de seguimiento, Ecologistas en Acción elevó una denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla por presuntas irregularidades en el proceso de ampliación del estadio Benito Villamarín y el edificio comercial asociado. La organización cuestiona la gestión realizada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, señalando que podría haberse favorecido al Real Betis Balompié en detrimento del patrimonio público y el interés general.
La denuncia se basa en dos puntos centrales que apuntan a posibles ilícitos penales, como prevaricación y delitos contra el patrimonio público. En primer lugar, critican la permuta de terrenos municipales que, según argumentan, se habían cedido exclusivamente para uso deportivo y en virtud de una cláusula que obliga a su reversión al Ayuntamiento en caso de cambio de uso. Sin embargo, el proyecto actual permitirá usos terciarios y comerciales sin que se haya seguido el procedimiento legal para desafectar estos terrenos ni justificado la desaparición de esta limitación.
Además, la organización advierte que la permuta aprobada supone la entrega de parcelas públicas a cambio de otras, en términos que califican de altamente cuestionables. La falta de transparencia y de procedimientos legales adecuados en la gestión urbanística ha motivado esta presentación ante la Fiscalía, que ahora deberá determinar la existencia de delitos en la tramitación del proyecto.
Este movimiento llega después de que Ecologistas en Acción también presentara un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el Estudio de Ordenación del estadio, argumentando que vulnera la normativa urbanística y beneficia intereses privados por encima del interés general. La demanda incluye denuncias previas de asociaciones vecinales afectadas y un pedido de paralización de las obras debido a la caducidad de las licencias concedidas al club.
Según el comunicado difundido por la organización, el análisis realizado abarcó desde la presentación preliminar del Estudio de Ordenación en febrero de 2024 hasta la concesión definitiva de la licencia en marzo de 2026, con el respaldo de técnicos especializados y entidades vecinales del entorno del estadio. El caso refleja un conflicto recurrente entre el desarrollo urbanístico impulsado por entidades privadas y la defensa del patrimonio y el interés público en la ciudad.