Las principales entidades españolas de la industria farmacéutica y cosmética manifestaron su respaldo a la modernización de las estaciones depuradoras que propone la Directiva (UE) 2024/3019 sobre aguas residuales urbanas, aunque advirtieron sobre los riesgos que genera el régimen de responsabilidad ampliada del productor (RAP) planteado para financiar estos cambios. Solicitaban así una transposición a la normativa nacional que sea proporcionada, equilibrada y jurídicamente clara.

Estas organizaciones —Aelmhu, Aeseg, Anefp, AseBio, BioSim, Farmaindustria y Stanpa— reclamaron ajustes en la aplicación del RAP debido a que consideran que el sistema actual asigna de manera desmedida la carga financiera a sus sectores, sin base científica ni datos suficientes que respalden este modelo. En concreto, cuestionan la atribución de la mayor responsabilidad al sector de medicamentos y cosméticos por la contaminación de las aguas residuales, ya que estiman que la metodología es limitada y no establece relaciones causales definitivas entre sus productos y la presencia de microcontaminantes.

El análisis técnico-jurídico realizado por PwC apunta que el coste potencial para la industria farmacéutica y cosmética, dentro de este nuevo régimen, podría oscilar entre 2.680 y 6.920 millones de euros en las próximas dos décadas. Las asociaciones explicaron que esta distribución vulnera principios constitucionales europeos como el de “quien contamina paga”, además de los criterios de proporcionalidad y no discriminación, al no incluir a otros sectores que también podrían afectar la calidad del agua.

El comunicado conjunto se difundió tras el cierre de la consulta pública del anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que busca incorporar la directiva europea al ordenamiento jurídico español. Aunque existe consenso en la importancia ambiental y sanitaria de combatir la microcontaminación, la reclamación apunta a que el sistema de financiación no puede ser punitivo ni desproporcionado para sectores clave de la economía nacional.

El debate sobre el diseño y aplicación del régimen RAP sigue en curso a nivel comunitario. El comunicado recuerda que algunos países, como Polonia, mantienen recursos legales ante instancias europeas cuestionando aspectos del sistema de responsabilidad que se plantea. Hasta ahora, la definición de cómo repartir costos y responsabilidades entre los diferentes actores sigue siendo objeto de discusión y ajustes.