El Gobierno oficializó un conjunto de ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas en comunidades, que pueden cubrir una parte importante del coste de las obras. Estas subvenciones forman parte del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con un presupuesto global de 7.000 millones de euros.

La línea más relevante para los particulares permite recibir hasta 18.000 euros por vivienda, especialmente en casos donde reside una persona con discapacidad. El monto máximo se ajusta según el grado de discapacidad: 15.000 euros para un reconocimiento igual o superior al 33 % y hasta 18.000 euros si la discapacidad es igual o mayor al 65 %. Estas ayudas cubren hasta el 80 % de los costos de intervenciones para mejorar la accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad en los edificios.

Las obras incluidas son variadas, entre ellas la instalación de rampas, ascensores y tecnologías domóticas; eliminación de riesgos para la salud como el gas radón o asbestos; y mejoras energéticas enfocadas en la envolvente del inmueble. Además, existe una línea adicional dedicada a intervenciones en fachadas y cubiertas, que brinda ayudas de hasta 7.500 euros por vivienda, con una cobertura del 40 % del coste. Es posible combinar ambas ayudas, pero es fundamental consultar detalles en la comunidad autónoma correspondiente, encargada de gestionar estas subvenciones.

Para ser beneficiario, la vivienda debe haber sido finalizada antes de 2006, aunque las autonomías pueden flexibilizar esta condición en ciertos casos. El inmueble debe ser la residencia habitual del solicitante, por lo que no se contemplan segundas residencias ni inmuebles deshabitados. También es fundamental presentar proyectos técnicos detallados y contar con las licencias municipales necesarias para las obras.

Los solicitantes deben aportar certificaciones energéticas tanto previas como posteriores a la reforma para justificar la mejora alcanzada. Asimismo, el período para ejecutar las obras no puede superar los 12 meses desde la concesión de la ayuda. Estos plazos y requisitos apuntan a fomentar una actualización efectiva del parque residencial sin que la inversión implique un gasto elevado para los hogares.

Las solicitudes se deben tramitar ante la comunidad autónoma correspondiente, que publicará las convocatorias en sus boletines oficiales. El proceso exige cumplir con criterios técnicos y administrativos, siendo clave la coordinación con las autoridades regionales para acceder a los fondos y cumplir con los procedimientos establecidos.