A partir del 1 de octubre de 2026, la Agencia Tributaria pondrá a disposición de autónomos y empresas un entorno de pruebas o sandbox para la factura electrónica. Esta plataforma pública y sin coste permitirá ensayar la emisión de facturas digitales antes de que su uso se vuelva obligatorio de forma escalonada. La herramienta no tendrá límite en la cantidad de documentos que se puedan emitir, facilitando así la adaptación de todos los contribuyentes afectados.
El sandbox funcionará como un espacio seguro para que cualquier interesado pueda experimentar con la facturación en formato electrónico, que principalmente usa el estándar UBL para la creación y envío de facturas a la Hacienda pública. La intención es que este mecanismo sirva tanto a grandes empresas con altos volúmenes de facturación, obligadas desde octubre de 2027, como a autónomos que deberán cumplir la obligación de manera plena desde un año después.
Este plan forma parte de la digitalización fiscal, que busca un control en tiempo real de las operaciones económicas y los plazos de pago a proveedores. Sin embargo, conviene aclarar que la nueva factura electrónica no se unificará con Verifactu, otro sistema obligatorio pero con funciones distintas, como la conservación y trazabilidad inalterable de facturas y la vigilancia del IVA. Verifactu entrará en vigor a partir de enero de 2027 para empresas y julio del mismo año para autónomos, mientras que la factura digital tendrá fechas escalonadas, comenzando en octubre de 2027 para los contribuyentes con ingresos más altos.
La plataforma se anunciará oficialmente a través del portal de desarrolladores de la AEAT y estará disponible meses antes del primer vencimiento para que los usuarios prueben el sistema sin presión. Más allá de su uso gratuito, la Agencia Tributaria ofrecerá servicios con costes asociados que cada negocio podrá evaluar según sus necesidades frente a otras soluciones privadas de facturación electrónica.
Este paso responde a la necesidad de que el sector productivo se adapte a las exigencias fiscales que, a nivel europeo, apuntan a un sistema único y homogéneo para 2030, según la directiva ViDA. Mientras tanto, España mantiene dos normativas paralelas que obligan a distintos requerimientos técnicos y plazos. El sandbox representa una oportunidad para respirar antes de la implementación definitiva y reducir posibles dificultades en la transición hacia la administración digital.