Manuel Martínez Pérez, vecino de 70 años de un edificio en Vigo, enfrenta dificultades para salir y entrar a su hogar tras la amputación de una pierna sufrida recientemente. Aunque el edificio cuenta con un ascensor, este no llega hasta la calle y para acceder a él hay que subir ocho escalones, lo que obliga a Manuel a depender de la ayuda de su mujer o de su hija para poder salir de casa.
Para mejorar esta situación, Manuel solicitó la instalación de un ascensor que conectara directamente con la calle, una obra respaldada por la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a realizar modificaciones para facilitar la accesibilidad cuando lo pide un residente mayor de 70 años o con movilidad reducida. Las reformas comenzaron inicialmente, pero se paralizaron después de semanas de trabajo por una denuncia presentada por uno de los propietarios del local comercial ubicado en la planta baja junto al portal.
La denuncia llevó a que un juzgado ordenara la suspensión cautelar de los trabajos, situación que ha generado frustración en Manuel, quien considera que la obra no es un capricho sino una necesidad para mantener su autonomía. La comunidad de vecinos apoya mayoritariamente el proyecto, y la administradora del edificio asegura que siguieron todos los procedimientos legales y aprobaron la reforma en junta previa. La empresa encargada de la gestión ya impugnó la medida judicial y espera poder reanudar las obras en pocas semanas.
Actualmente, Manuel debe dejar la silla de ruedas en el coche cada vez que sale y, cuando intenta desplazarse usando muletas, enfrenta grandes dificultades. El caso pone en evidencia las barreras arquitectónicas que aún existen en muchos edificios residenciales antiguos, que limitan la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.