Más de un millón de personas participaron en la última marcha del Orgullo en Madrid, consolidándola como la movilización LGTBI+ más masiva de Europa. Bajo el lema «¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia», la manifestación partió desde la plaza de Carlos V hasta la plaza de Colón, en un recorrido lleno de música, color y banderas que reivindican los derechos y la diversidad sexual.

La convocatoria respondió al creciente auge de la extrema derecha, que las organizaciones consideran una “ofensiva organizada” contra las conquistas del colectivo LGTBI+. Los organizadores destacaron que las agresiones se han triplicado en solo dos años, un dato que intensificó la urgencia de la protesta y marcó el tono del evento. Además, criticaron la postura del Ayuntamiento de Madrid, al que acusaron de adoptar una actitud distante frente a la movilización.

Entre los asistentes se encontraron representantes políticos de distintos espacios, algunos en la cabecera de la marcha. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, advirtió sobre la entrega de algunas instituciones al discurso ultraderechista. Por su parte, el Gobierno central estuvo presente a través de varias ministras y ministros que respaldaron la manifestación.

La movilización presentó un decálogo de reivindicaciones que abarca desde la exigencia de un Pacto de Estado contra los discursos de odio, con recursos y compromiso institucional, hasta el reconocimiento jurídico y social de las personas no binarias. También demandaron medidas frente al «sexilio», el fenómeno de desplazamiento forzado de personas LGTBI+ desde zonas rurales, y la protección de los marcos europeos de igualdad para impedir retrocesos legales.

La marcha incluyó la participación de más de un centenar de colectivos y casi cincuenta carrozas, elementos que refuerzan la visibilidad y el carácter festivo de una protesta que combina celebración y lucha. Según Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), el orgullo de existir es «un acto revolucionario» que debe extenderse más allá de la fecha del evento, sosteniendo la defensa de derechos durante todo el año.

Los organizadores estimaron la asistencia en más de un millón, aunque estas cifras suelen ser objetadas por la Delegación del Gobierno, que suele ofrecer números significativamente menores al cierre de la jornada. Aun así, la convocatoria reafirmó a Madrid como un epicentro global del activismo y la visibilidad LGTBI+.